“YPF será el próximo Clarín”, adelantó un funcionario de llegada a la Casa Rosada. La frase resume la escalada verbal que el gobierno nacional lanzó contra las petroleras, específicamente contra la firma de capitales mayoritarios españoles.

Esta semana, el ataque pasó las barreras de las palabras y se fue a los hechos: el Ministerio de Planificación Federal dio de baja los planes de Petróleo y Refino Plus, que otorgaba incentivos para la producción. Para colmo, las versiones de una posible reestatización de YPF comenzaron a circular con más fuerza. Tal es así que la empresa cerró la semana con sensibles bajas en sus acciones que terminaron empujando al índice Merval.

El clima de batalla está creado. La trinchera, de a poco, comienza a cavarse. El escenario impacta de lleno en la provincia: después de todo, la principal empresa que opera en su territorio junto a su actividad económica más importante están en la mira de todo el país.

En medio del fuego cruzado, el gobernador Jorge Sapag actuó con prudencia. Por una parte, se sumó al reclamo nacional de mayores inversiones e incluso redobló la apuesta. El viernes, tras un acto, dijo que YPF no puede repartir el 90% de sus utilidades. “Hay que lograr inversión en estos cuatro años y postergar el envío de utilidades”, aseguró.

Ese será el tema central que se planteará el jueves en la reunión que las provincias productoras nucleadas en la Ofephi mantendrán junto a funcionarios nacionales y gremios. La idea es que de allí salga un nuevo pacto federal, que imponga un pliego de condiciones a las empresas. Buscan que se tome mayor riego y que se termine el horizonte rentístico. Entienden que existen muchas posibilidades de desarrollo, como es el caso de los yacimientos no convencionales, que demandarán alrededor de 3 mil millones de dólares en exploración y explotación en todo el 2012.

Si bien endureció su discurso frente a las empresas, Sapag buscó no resentir la relación con YPF. Se trata de una decisión estratégica, porque la empresa es la que lleva la batuta de la actividad hidrocarburífera en la provincia. Por esta razón evitó subirse a los rumores de reestatización y remarcó que el mayor pedido de inversiones no significa un ataque al sector privado. Incluso, todos los interlocutores del gobierno provincial que esta semana hablaron del tema se encargaron de mantener a flote uno de los principales reclamos que la provincia le hace a Nación: mejorar los precios del gas en boca de pozo. La cuenta es sencilla: mientras que el gas que se importa de Bolivia cuesta entre 7 y 10 dólares el millón de BTU, a Neuquén se le pagan 3 dólares. La cifra es aún mayor cuando el fluido se compra en el exterior y se trae a través de buques metaneros.

Fuente: La Mañana Neuquén, Ramiro Morales